Han pasado más de 50 días desde que la mina de Cuajone está paralizada. Dentro de las diferentes consecuencias que enfrentan a la comunidad campesina Tumilaca- Pocata- Coscore-Tala y Southern Perú, que opera la mina en Moquegua figuran que más de cinco mil personas que residen en los alrededores no puedan tener acceso a agua potable.
Esta medida se debe a que presuntamente la empresa habría usurpado parte de los territorios de la comunidad para construir una edificación que permite acumular agua. Asimismo, la minera, que extrae cobre, arroja constantemente desmontes que perjudican los cultivos de las comunidades adyacentes.
Ante esta situación y después de la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo a través de la titular del MTC, Betssy Chávez, anunció que han declarado el estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua.
“El día de hoy en Consejo de Ministros se aprobó la declaratoria de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto, justamente por los problemas que son de conocimiento público de un conflicto social que se tiene ya hace aproximadamente de dos meses entre comuneros, y trabajadores y también la empresa”, detalló.
Para tomar en cuenta
Los comuneros exigen a manera de indemnización un monto de 5 mil millones de soles y también el 5% de utilidades.
El titular de la PCM aseveró que aquel pedido es “irracional”.
«Los miembros de la empresa prometieron retirar las denuncias contra miembros de la comunidad y ellos ofrecieron liberar el agua y los rieles por donde la mina trasladan el mineral. Sin embargo la población no suscribió los acuerdos verbales. Cinco mil millones de dólares es una cantidad inimaginable y eso nos llevó a disponer el estado de emergencia«, enfatizó.
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