Hay un consenso en analizar y caracterizar al contexto político actual en el país, que estamos ante un empate catastrófico o empate destructivo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que son parte del reacomodo del poder con un Pedro Castillo que ha perdido iniciativa y perspectiva popular que suponía era su elección, lo grave del asunto es que esa sociedad y movimiento popular, se encuentran paralizados y tampoco actúan con iniciativa en este desenlace.
En cambio el legislativo pese a todos los cuestionamientos y aprobación de contra reformas legislativas, sigue defendiendo al poder y modelo económico y político en crisis; a pesar de su cuestionamiento y desprestigio mayor que el ejecutivo por su ineficiencia, golpismo y racismo permanente.
En este alineamiento el poder mediático, propiedad de los grandes monopolios, asumen el rol de dirección política e ideológica, que se expresan en colocar y diseñar las agendas y las tendencias del relato y el discurso político en el país.
Todo el ruido y el chantaje político para arrinconar al gobierno, es parte de una táctica distractiva, buscan tenerlo ocupado en la defensa y subsistencia de su precaria administración de una parte del gobierno; porque ni siquiera eso maneja Castillo de manera completa, en tanto que los ministerios más importantes como el MEF, MTC, MINAN, son manejados por los representantes de la derecha económica a través de su propios ministros
Lo que resulta una tragedia, es que ese contexto confuso y de incertidumbre, ha terminado por confundir a las propias fuerzas del cambio, de los llamados partidos de izquierda y a las dirigencias sociales, que también han perdido iniciativa y coherencia en cuanto a recuperar independencia y autonomía frente a un gobierno en crisis y que continua aplicando el modelo económico.
Equivocadamente levantan una supuesta amenaza potencial de golpismo y ultra derechización de la política, cuando la ultra derecha desde los tiempos del fujimorismo, están empoderados y actúan en los escenarios políticos, económicos, sociales, mediáticos, militares y territoriales de manera directa.
Frente a esa supuesta amenaza ultra derechista, levantan una conducta defensiva abierta o vergonzante ante el gobierno de Castillo, táctica con lo cual han paralizado una acción independiente del movimiento popular, en abrir otro cause y romper ese pernicioso empate catastrófico. Tanto así que incluso ha significado la división y fracciones dentro de los propios partidos progresistas.
En ese panorama desordenado, desde hace mucho tiempo está colocado en la agenda nacional el debate por una Asamblea Constituyente, que programáticamente es una bandera real y correcta ante el agotamiento constitucional del libreto fujimorista; posición general con el que estamos de acuerdo como parte de la construcción de un relato constitucional de cambio.
El problema es que se levanta las banderas de la Asamblea Constituyente, como una parte de la salida a la crisis política institucional, sin cumplir con las otras tareas previas de una acumulación en la correlación de fuerzas favorables; tareas de convertir la protesta en una propuesta y construir una alternativa de una fuerza social constituyente, frente a la fuerza declinante o destituyente del actual régimen.
Por cuya razón, tal vez resulta necesaria recordar y abordar algunas experiencias nacionales e internacionales:
Por ejemplo: La convocatoria a la Asamblea Constituyente y el retorno a la democracia en 1980 en el Perú, fue producto de un vigoroso Paro Nacional del 19 de julio y otras acciones sociales colaterales, que obligaron a los militares a regresar a sus cuarteles, rompiendo con los arreglos que pugnaba Morales Bermúdez con los partidos de la derecha ante la crisis del régimen.
Pero ese factor catalizador de la muchedumbre en las calles, no fue abanderado por la idea Constituyente como punto de partida, fue la consecuencia básicamente del rechazo masivo a la política económica de los llamados paquetazos económicos; es por ahí que se rompió la grieta a través de una acumulación política y social en la lucha.
La cercana Convención Constituyente en Chile, es el resultado que la grieta del modelo fue rota por la iniciativa de los estudiantes secundarios y universitarios, la movilización de las poblaciones y mujeres, a las que posteriormente se sumaron los trabajadores y sectores profesionales, así como los partidos democráticos. El cambio no cayó de mentes iluminadas, salió del protagonismo popular anti pinochetista.
En Bolivia las acciones catalizadoras de la guerra del gas y la guerra por el agua, abrieron grieta en el gobierno de Sánchez de Losada y encumbraron a Evo Morales; luego esta Revolución Cultural y Democrática desde el gobierno popular, con una acertada política de articulación, convocó a unas elecciones constituyentes que marcaron la ruta del cambio.
En el Perú la agenda Constituyente, por ahora sólo está ubicada en algunos partidos y movimiento sociales, todavía no es una estrategia masiva y dirigida a romper por una grieta al modelo; la agitación todavía es académico y vanguardista, que deja de lado los componentes sociales, económicos y territoriales lamentable.
La ultraderecha en el poder y en el Congreso, comprende el momento destituyente y responde astutamente “reformando” y abrochando artículos de la Constitución fujimoristas, para prevenir y fortalecer los intereses del modelo de una manera abiertamente dictatorial, rompiendo el sistema presidencialista e inclinar el balance hacia un parlamentarismo. Hay una guerra híbrida y golpe blando en marcha.
Considerando que hay pocas probabilidades reales que desde el ejecutivo, surja una iniciativa articulada con la sociedad para la agenda constitucional, por ahora solo queda construir esa fuerza constituyente desde el movimiento popular, cuyos pasos deben articular la demanda constitucional con la agenda del sentido común del día, para lo cual es necesario escoger y determinar el frente más crítico del modelo y la derecha, que a nuestro entender por la configuración de la crisis global en marcha, es el factor económico y alimentario.
Si entendemos y comprendemos que en el Perú hay una crisis económica, alimentaria, ambiental, energética, sanitaria, cultural en avance, visibilizada y desnudada por la pandemia; más el factor internacional en disputa y guerra por el recambio hegemónico en el mundo, entre los EE.UU. y China, que por otro lado son socios económicos fundamentales para el Perú; toca construir y articular energía táctica para agrietar el modelo en su parte vulnerable.
Preocupaciones y banderas cotidianas como la desocupación y la inflación, el cambio de matriz energética hacia el gas, la reforma tributaria como la plataforma financiera para asumir los programas sociales generadoras de empleo y programas agro alimentarios, tienen que ser organizadas y movilizadas contra este gobierno paralizado, exigiendo que cumpla sus compromisos electorales.
Pero el giro y acción principal debe estar destinado, contra el verdadero núcleo minero y gasífero del poder económico; colocando en la agenda nacional la reforma tributaria para financiar el programa social y económico para enfrentar la crisis; estas iniciativas por otro lado servirán para desenmascarar al Congreso conservador, que se niega a legislar acerca del aporte proveniente de las sobre ganancias mineras y energéticas, que permite el escenario internacional.
Las propias encuestas que financian los grupos mediáticos, son claros cuando los encuestados señalan que la principal preocupación de estos tiempos, son las medidas frente a la crisis económica y la desocupación, muy lejos y secundariamente respecto al ruido político entre el legislativo y ejecutivo.
La derecha y ultra derecha saben que la economía descontrolada es catalizadora de una movilización social y política; precisamente hacen todo el ruido golpista, para evitar la discusión de las medidas económicas. Francia, Ecuador y Panamá con millones protestando en las calles, demuestran que el motor de la movilización de los chalecos amarillos, indígenas y el pueblo, es la crisis económica.
En esta perspectiva económica y política en el país, hay varios escenarios en disputa que se configuran y no tienen solución en el corto plazo, ni desde los grupos económicos y tampoco del gobierno mediatizado.
Hay conflictos prolongados e irresueltos en las regiones de influencia minera y gasífera, luchas masivas y frontales que son bloqueadas temporalmente con mesas de diálogo incumplibles desde el gobierno y las empresas; conflictos que afectan directamente el carácter de la redistribución económica, seguridad ambiental, articulación territorial y otros derechos; así como indirectamente a la recaudación del canon y las regalías que son fuente de financiamiento de las regiones y municipios.
Sin embargo estos focos de conflicto regional, no son acompañados por las dirigencias sociales y políticas, que desde su corporativismo están sólo enfocados en sus agendas sindicales y laborales, mientras que los partidos izquierdistas encuadrados siguen ocupados en su crisis ideológica que los afecta; todo lo cual desarma una respuesta nacional y solidaria con estas luchas en curso.
En este terreno, la tarea pasa por constituir una dirección política y social, que se involucre y participe en estos conflictos y luchas en marcha, a través de un Plan y Cronograma de Acción Política y Social, pero con una verdadera voluntad de ejecución y balance; los documentos de la actual Coordinadora de Izquierda y la ANP tienen plataformas interesantes pero carecen de un plan y cronograma de acciones.
Las elecciones regionales y municipales, es otro espacio para el debate programático y político, cuyo desenlace marcará una nueva correlación política nacional; en este proceso la presencia de la ultra derecha no es hegemónica en las regiones, salvo el caso en Lima Metropolitana; del mismo modo que la centro derecha tiene enormes dificultades cosechar victorias como antes, por su desgaste nacional y regional de las administraciones regionales que concluyen.
El problema es que tampoco hay presencia nacional de las fuerzas progresistas en esta disputa. Esta ausencia se debe a las limitaciones orgánicas de la izquierda altamente centralizada en la ciudad capital, así como el sectarismo de los partidos legales como JP y PL, que pensaban cosechar las bondades del Gobierno de Castillo y cerraron muchos acuerdos electorales, pero la cosecha será derrota como el itinerario del gobierno nacional.
En este proceso se debe trabajar en las regiones, en primer lugar contribuyendo a una agenda transformadora en los programas y planes de gobierno para las regiones y municipalidades, así como contribuir al triunfo de listas progresistas, para cerrar el paso y derrotar a la ultra derecha y derecha.
Como se puede observar, estas múltiples iniciativas demuestran la diversidad nacional y territorial, exigen la necesidad de una dirección política que pueda articular una plataforma y acción de manera concreta, desde una posición de independencia ante Castillo, así como de clara erosión al modelo económico de la derecha económica, política y mediática.
A este contexto social, regional y electoral, debemos agregar la necesidad de participar en la propuesta del adelanto de las elecciones generales, tendencia que se abre poco a poco en el sentido común de la población, frente al desgobierno y la ofensiva derechista; las fuerzas del cambio si cumplimos con las tareas del presente, estaremos en mejores condiciones para afrontar dicho proceso; nuevas elecciones que serán otro momento para colocar en la agenda el debate constitucional.
Necesitamos entonces articular el sentido de la agenda económica de la coyuntura, las elecciones regionales y municipales en curso, con el adelanto electoral nacional y en ellas la agenda constituyente.