Por Gorki Gonzáles
Una mezcla de indiferencia, desconocimiento y apatía frente al enorme desafío que la justicia implica en el Perú, es la impresión que dejan los planes de gobierno de los partidos políticos para las próximas elecciones generales.
Abundan los lugares comunes y los enunciados generales sin contexto de referencia ni propósito específico. Frases sueltas que en muchos casos sugieren remedios que no resuelven nada o que dependen más bien de una reforma estructural que no se menciona o se ignora.
Porque el problema de la justicia en el país está en la cultura institucional de los jueces y operadores del sistema. Se evidencia en las caóticas oficinas de los juzgados repletas de expedientes aún en nuestros días; en la débil formación jurídica, salvo puntuales y notables excepciones, de jueces, fiscales y el resto de funcionarios que cumplen labores de apoyo; en los procedimientos que se explican solo por el culto a las formas; en el colapso absoluto de los plazos judiciales que han convertido a los procesos en objetos completamente inciertos; en las ceremonias judiciales cargadas de misas, sillones rojos y discursos sin fondo.
El problema de la justicia en el país está en la cabeza del sistema: una Corte Suprema hipertrofiada con más de cuarenta jueces supremos, la mayoría de ellos provisionales (22), y una estructura organizacional donde, desde el inicio, las palabras no representan la realidad: de las ocho salas especializadas, cinco obedecen a la denominación de “salas transitorias”; sin embargo, en los hechos estos tribunales tienen una existencia permanente. Se crearon como paliativo excepcional para enfrentar la carga procesal y fruto de la pésima gestión del despacho de la propia Corte Suprema, pero como esto último no ha cambiado se mantienen, aunque se sigan llamando salas transitorias.
Será muy difícil cambiar el sistema de justicia si la Corte Suprema no cambia en su volumen, organización y sobre todo si no cambia en sus prácticas. La Corte debe salir del siglo XIX e instaurar un sistema de trabajo contemporáneo en su actividad, con equipos de profesionales calificados para apoyar su trabajo. La Corte debería dejar ser una tercera instancia y aspirar a que sus resoluciones sirvan para incidir en los problemas sociales de fondo que los motivan.
Pero el sistema de justicia requiere jueces y fiscales leales a los valores republicanos, comprometidos con la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Lo contrario es la ausencia de empatía con la república que es la mejor forma de definir el significado que adquieren las prácticas corruptas. Y, desafortunadamente, a la corrupción no se le derrota con leyes o quizás, no con leyes únicamente. Para lograr este cambio en el sistema de justicia es necesario proscribir el secretismo y la clandestinidad, pero también la arbitrariedad y el tráfico de favores e influencias como base de las relaciones personales y las decisiones de los miembros de la corporación judicial.
Este es el cambio necesario para transformar el sistema de justicia y corresponde al sistema de reclutamiento de jueces y fiscales. Se trata de un asunto que nunca ha sido debidamente valorado, pese a que ha sido el campo donde han tenido lugar algunos de los episodios de corrupción de mayor implicancia. Este cambio implica aceptar que el sistema de reclutamiento de jueces y fiscales, al margen de sus contenidos, ha fracasado porque ha permitido que se produzcan estos hechos delictivos y, también, porque no ha servido para incorporar a las mejores personas para que ocupen los cargos de jueces o fiscales.
El sistema de reclutamiento debería estar en la Academia de la Magistratura y ello exige una reforma en su organización para convertirla en una entidad profesional, comprometida con la función que la Constitución política le ha encomendado: el diseño y la puesta en práctica de la política pública de formación y capacitación para jueces y fiscales, pero también para la definición de quienes aspiran a serlo. La gran reforma para que el sistema de justicia encuentre su rumbo lleva esta condición.
Si se piensa en la necesidad de fortalecer nuestra democracia, es indispensable tomar en serio la reforma del sistema de justicia, pues con sus resoluciones los jueces contribuyen a generar estabilidad social y legitimidad respecto de las instituciones públicas. Al parecer, para nuestros políticos estos rasgos fundamentales de la justicia no serían apreciables en términos electorales. Sin embargo, este es un error porque la incidencia de las decisiones judiciales va más allá de los casos. Porque tarde o temprano, los políticos y la política se verán afectados por ellas.