Si hay un error de manual que los gobernantes no pueden cometer es subestimar la protesta social cuando esta tiene que ver con las propias necesidades de subsistencia vital de la población. Más, en el contexto de pandemia inacabada y una recuperación lenta en la economía familiar de un país de empleos mayoritariamente precarios informales. Y ahora en el marco de una crisis económica global marcada por la guerra de Ucrania cuyas consecuencias en lo energético no tardarían en llegar a Perú, catalizando malestares previos.
La semana que pasó en plena huelga convocada por los transportistas de carga por el alza de los combustibles en la región Junín que coincidió en el tiempo con un paro agrario por la subida del precio de los fertilizantes, el Presidente Castillo dijo: “Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados por algunos dirigentes y cabecillas (…) es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas”[1]. El resultado en breve: la protesta no solo se intensificó, sino que se hizo más violenta con actos de vandalismo y cuatro personas fallecidas en dicha región. Esta semana se oficializaron varias medidas acordadas en la accidentada Mesa de Diálogo en Junín en la que participaron varios ministros, disculpas al estilo presidencial de por medio. Pero el paro siguió en otros lugares del país y ayer fue nuevamente una jornada intensa de protesta, incluidos nuevos actos de violencia.
Las declaraciones de Castillo muestran otra vez que está desconectado de la realidad y atrapado (muy probablemente por voluntad propia y falta de capacidades) en un discurso victimista en el que todo lo que desafía su relato es un complot para no dejarlo gobernar. Cuando se ha hecho bandera política con el simbolismo de estar “siempre con el pueblo”, denostar reivindicaciones que requieren menos adjetivos y políticas públicas sensatas pueden tener un costo político agravado sobre todo si tu capacidad de gestión es bastante precaria.
Los discursos maniqueos no ayudan a la resolución de conflictos, los exacerban. Es cierto que en muchas protestas hay intereses que pueden buscar aprovecharse del descontento para réditos propios. El lunes se vio como la calle fue tomada por sectores que piden demandas inasumibles como las reestructuraciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) o la condonación de deudas por papeletas de tránsito. Cuando la protesta se torna en una espiral es más difícil separar la paja que apunta a la desregulación e informalidad e incluso al caos violento del trigo de las demandas justas.
Además, anunciar medidas sin explicar que su efecto será diferido solo incrementa la frustración popular. No basta pedir a las distribuidoras que sumen esfuerzos para trasladar la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo que se ha reducido temporalmente, ya que el stock de combustible adquirido previamente a precio mayor no va a reflejar dicha deducción pues generaría pérdidas a las empresas. Por otro lado, tras nueve meses de gobierno y con una historia de conflictividad social en el país, cualquier diálogo y negociación debe prever que la alta fragmentación de quienes lideran protestas hace que el firmar un acuerdo con un sector no te garantice la paralización de protestas desde otros.
La cuestión de fondo, una vez más, es que no se puede ser elegido para gobernar, no saber gobernar, pero tampoco rodearse de los que sí cuentan con capacidades. Esta vez el Presidente pasó en un día de hacer como si nada sucediera a sorpresivamente, a media noche, decretar un estado de emergencia e inamovilidad ciudadana en Lima y Callao que inició dos horas después. Una medida ya cuestionada por su inconstitucionalidad, que ya generó un nuevo choque con un Legislativo que sesionará y ha citado a Castillo. Y que traslada los costos de esta precaria gestión a los más pobres y vulnerables. Pues a diferencia de lo que cree el Ministro de Justicia, las personas que viven del día a día sí pueden quedarse sin comer. ¿Habrá cambiado algo a las 23:59 del 5 de abril? Quizás la pradera esté aún más incendiada.
[1] Declaraciones recogidas en el diario Gestión el 31 de marzo de 2022.