La principal lucha que enfrentan los países es en contra de la corrupción. Durante las campañas electorales o mítines, la lucha “anticorrupción” es la protagonista. En América Latina (así como casi todo el planeta) es una problemática que, a pesar de combatirla por todos los medios, se resiste a desaparecer.
¿Cuántas herramientas tiene América Latina para luchar contra la corrupción?
Desde 2019, dos organizaciones realizan un informe que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir este delito en los países latinoamericanos. Americas Society/Council of the Americas (un foro precisamente dedicado al análisis de los asuntos políticos, sociales, culturales y económicos de América Latina) y la firma Control Risks (empresa global de consultoría) han desarrollado un estudio concienzudo que presentan bajo el título de Índice de capacidad para combatir la corrupción (CCC).
¿Cómo funciona el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022?
El Índice analiza 14 variables que se pueden reunir en tres grandes grupos: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación. Además, se nutre de la opinión de expertos para determinar una puntuación a cada país estudiado. El resultado es una clase de ranking que muestra cuán preparados están los países y cuánto actúan contra la corrupción.
Conclusiones importantes del índice este año 2022
Uruguay se mantiene como el país mejor preparado
«Uruguay tiene instituciones confiables e independientes, y también una sociedad civil activa. Teniendo en cuenta estos factores, el hecho de que haya liderado el ranking no nos sorprende», señala Aalbers en el informe de este año. En ese sentido, Uruguay, a pesar de registrar un ligero descenso en su puntuación, es el país con mejor rendimiento en el Índice por tercer año consecutivo.
En 2020 Uruguay fue incluido en el estudio. Sus instituciones democráticas bien establecidas y una prensa vigilante aparecen entre ella, según María Paulina Ortiz de Ethic. Por ello, «Además, el tamaño del país y su mayor nivel de desarrollo representan ventajas únicas en comparación con sus pares latinoamericanos», explica el informe CCC de 2020.
La caída de este año en Uruguay responde a la alteración en su variable de «capacidad legal», que incluye parámetros como eficiencia judicial, recursos para combatir los delitos de «cuello blanco» o independencia de la Fiscalía General y de los agentes de investigación.
Perú en el ojo de la tormenta
A pesar de los continuos escándalos que rodean al país, al igual que en 2021, Perú se situó en la cuarta posición del Índice. El país ha retrocedido 9 puntos en la variable que mide los procesos legislativos y de gobierno, lo cual refleja “las tensiones persistentes entre los poderes ejecutivo y legislativo”, señala Aalbers en el informe de este año.
Haciendo un recuento breve, desde que Pedro Castillo asumió el cargo de presidente de la República en julio de 2021, se ha enfrentado a una serie de mociones de vacancia, y su administración ha luchado por crear un consenso en torno a sus programas de reforma.
Sin embargo, el informe está muy bien al tanto del contexto nacional y señala que la “Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones por presunta corrupción
contra Castillo y su círculo más cercano, y el presidente ha negado haber actuado
de manera indebida. La inmunidad presidencial limita la posibilidad de que
se produzcan avances significativos en las investigaciones hasta que finalice el
mandato de Castillo en 2026”.
Finalmente, los temas críticos a monitorear estarían relacionados a futuras mociones de vacancia contra Castillo y la continua inestabilidad política. Además de que es posible que este año se celebre un juicio contra la líder opositora, Keiko Fujimori,
por lavado de dinero.
Brasil y México cada año más vulnerables
Los gigantes de latinoamérica, Brasil y México, registraron un retroceso en el índice contra la corrupción del 2022. Brasil sufre una baja constante desde el 2019. Su puntuación actual es de 4.76. La menor calificación brasileña se vio en la categoría “variables de democracia e instituciones políticas”.
También mostró un descenso en la categoría de capacidad legal, si bien en esto continúa por encima de la media regional, lo que para los expertos es reflejo del fortalecimiento de las instituciones que este país logró décadas atrás. «El Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Electoral siguen siendo independientes del gobierno a pesar de la escalada de críticas públicas que el presidente Jair Bolsonaro ha hecho de ellos. Sin embargo, la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción cayó casi un 19%, ya que Bolsonaro ha buscado consolidar el control sobre los organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus aliados», defiende el informe.
Por otro lado, México se ubica en el puesto 12, bastante lejos de lo ideal. En todas las categorías analizadas, este país presentó un descenso. La variable que mide la democracia y las instituciones políticas es la más vulnerable de todas. En ese parámetro, señala el informe, este país tuvo un retroceso notorio relacionado con procesos legislativos y de gobierno, «lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del Poder Ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales». «Cada vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial y a las instituciones públicas independientes».
El informe resume lo siguiente: «Los presidentes López Obrador y Bolsonaro han intentado interferir en estos órganos por motivaciones políticas, lo que despierta preocupaciones. Otro factor común en ambos países es la serie de ataques de sus presidentes en contra de las instituciones judiciales».
República Dominicana sale del fondo
República Dominicana saltó del puesto décimo al quinto, mejorando su puntuación en un 18 por ciento. La principal diferencia se debe a la categoría de capacidad legal, sobre todo en lo que tiene que ver con la cooperación internacional y los organismos anticorrupción.
Otro de los motivos es el compromiso del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader: «Su administración ha propuesto una ley para promover la transparencia en los contratos públicos, ha instituido programas de cumplimiento en las instituciones públicas y promulgado una ley para simplificar la burocracia», señala Aalbers en el informe.
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