La presidencia del Congreso de la República ha ampliado la legislatura que -según el reglamento- debía concluir el 30 de junio. Inicialmente se amplió hasta el día 8 y luego hasta el 15 de julio con sesiones del Pleno los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14[1].
Una de las razones que habría motivado las ampliaciones de legislatura es la intención de aprobar el retorno a la bicameralidad cuyo debate se inició el pasado jueves 7. En realidad, se trata de un dictamen que no sólo propone el restablecimiento del Senado de la República sino, también, la reelección de los congresistas, entre otros aspectos contenidos en más de 50 artículos de la Constitución Política del Perú.
Si consideramos la alta desaprobación ciudadana hacia el Congreso expresada en los estudios de opinión pública (85%, según la última encuesta de IEP[2]), que los congresistas trabajen más días puede ser bien visto por la población; más aún luego de las recientes imágenes de un parlamentario participando en una sesión de comisión desde la playa.
El tema va más allá de la ya preocupante calidad de la producción del Congreso en materia de legislación y de fiscalización. Inquieta, además, la forma y los tiempos adoptados para el debate y aprobación de normas tan relevantes como la reforma constitucional.
El pasado jueves 7, en que se presentó ante el pleno el dictamen de la comisión de Constitución sobre el retorno a la bicameralidad y a la reelección de congresistas, entre otros aspectos, se produjo un intercambio entre las bancadas que proponían que dicho debate se ordenara por temas y aquellas que pretendían una discusión y votación “en bloque”. Durante el debate se hizo evidente que la mayoría de congresistas no había tenido tiempo suficiente para analizar a profundidad el dictamen en cuestión; más aún porque éste incluye aspectos que superan el enunciado del mismo. Algunos grupos parlamentarios propusieron que, de aprobarse la reforma en la actual legislatura, fuese llevada a referéndum para ratificación por parte de la ciudadanía, conforme al artículo 206 de la Constitución. Finalmente, el debate fue pospuesto para esta semana.
Al respecto, he advertido en una anterior columna[3] que un eventual referéndum sobre retorno a la bicameralidad que incluya la reelección de congresistas podría llevar a la desaprobación de estas reformas por parte del electorado, tal como ocurrió en el 2018. Pareciera que las bancadas que conducen el Congreso intentan evitar el referéndum, pero –por el momento- los votos no les alcanzan.
El debate del jueves 7 que pretendía una “aprobación en paquete” fue detenido gracias a la presión conjunta de bancadas minoritarias que hicieron los suficientes esfuerzos para mostrar que había temas de “contrabando” en la propuesta de restitución de la bicameralidad (la relección de congresistas, por ejemplo), así como para exigir un debate pausado y ordenado.
Mientras seguía el debate en el canal de TV del Congreso, recordaba la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 en la que éste destacó con acierto que la legitimidad en las decisiones del Congreso viene de la deliberación antes que de los votos; el TC –además- aludió a la deliberación autentica y la diferenció de la “apariencia de deliberación”[4].
Me pregunto –y pregunto a quienes leen esta columna- si es posible que una ampliación de legislatura con tres días de sesiones plenarias es suficiente para la deliberación y la información ciudadana de temas tan relevantes como la restitución de la bicameralidad, las funciones del Senado de la República y la reelección de los y las congresistas. Pienso que no e insisto en que la prisa no es buena consejera cuando se trata de decisiones sobre la democracia.
[1] https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-del-congreso-sesionara-el-martes-miercoles-y-jueves-de-la-proxima-semana/
[2] https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/
[3] https://dev.patamarilla.com/2022/06/jugando-con-fuego/
[4] https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/00006-2017-AI.pdf