La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la Disposición N°1, del 4 de enero de 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial.
Como se sabe, a principios de año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado. Es decir, por sus reuniones con Karelim López Arredondo y Samir George Abudayeh Giha, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares.
Sin embargo, a los pocos días la decisión quedó sin efecto y recién se llevaría a cabo una vez Castillo termine su gobierno en 2026. Esto debido a que, según la interpretación del artículo 117° de la Constitución Política del Perú, se debe respetar la inmunidad del funcionario en su calidad de presidente de la República.
En dicho momento, la Defensoría del Pueblo manifestó su posición acerca de la suspensión de la investigación preliminar a Pedro Castillo hasta julio del 2026, fecha en la que termina su mandato. La Defensoría instó a la Fiscalía de la Nación a reevaluar dicha decisión en atención a todas las normas y principios constitucionales, señalando que es el procurador general de la República el encargado de solicitar la interrupción de las pesquisas.
Más adelante, el 6 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar a un grupo de legisladores de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por presunta colusión. La fiscalía indaga si ellos integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezada por el presidente Pedro Castillo.
Por ello, Pablo Sánchez decidió dar un salto importante: descongelar la investigación que fue suspendida anteriormente. A fines de mayo, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
El 17 de junio el presidente Castillo tuvo una diligencia de cuatro horas ante la Fiscalía de la Nación en el Ministerio Público. Una vez culminada la diligencia, el presidente no reveló grandes detalles a la prensa. Antes, su defensa legal pidió al Poder Judicial una tutela de derechos para anular la decisión del fiscal Pablo Sánchez de abrir una investigación contra el presidente.
Sin embargo, el 23 de junio el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos con la que el mandatario buscaba anular las pesquisas. El Poder Judicial anunció que el presidente seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Luego de medio año, en un contexto donde se abre una cuarta investigación de la Fiscalía hacia Castillo, el Ministerio Público ha decidido iniciar los actos de investigación preliminar al mandatario por el presunto delito contra la Administración Pública –Tráfico de Influencias. Cuyo objetivo de investigación es intervención en la compra de Biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
🚨#LoÚltimo:
La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la Disposición N°1, del 4 de enero de 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial. pic.twitter.com/zGtFE5Ag5K— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 22, 2022