Dos de las banderas más significativas de las izquierdas peruanas han sido la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, aún en condiciones muy adversas no se amilanaron, hoy esas banderas por su cercanía con Castillo se están diluyendo.
A lo largo de la historia el aporte de las izquierdas para conquistar derechos sindicales, sociales y democráticos son reconocidos, el sacrificio de diversas generaciones que sufrieron cárcel, destierro y persecución por sus ideales y lucha contra las dictaduras también. Sin embargo, su principal déficit ha sido la dificultad para prever y caracterizar apropiadamente los escenarios políticos que le ha tocado vivir, quizás ello explique la facilidad para apoyar el mal menor y al outsider de turno.
La revolución militar que encabezó el general Velasco -por ejemplo- pescó de sorpresa a todas las izquierdas sin excepción, el dogmatismo imperante condujo a la mayoría de ellas, a condenar hasta la reforma agraria que cambio la estructura semifeudal y oligárquica del país. No percibieron la magnitud de las reformas que impulsó el ala nacionalista que luego fue derrocada por el ala derechista encabezada por Morales Bermúdez.
A fines del 80 las izquierdas reunidas en IU e IS se alinearon con el mal menor y se subieron al carro de Fujimori, lejos de evaluar la derrota política sufrida en las urnas y analizar la crisis internacional del socialismo real, escogieron el camino de apoyar al outsider que devino en una dictadura corrupta y lumpen, tras esa frustrada experiencia las izquierdas nunca hicieron un balance de su actuación.
40 años después la historia se repite, el 2021 tras la derrota electoral, las izquierdas apoyan incondicionalmente a Pedro Castillo que inició un régimen marcado por la improvisación y la corrupción. Parafraseando el título del libro de Luis Pásara (La “nueva izquierda” peruana en su década perdida, de la ilusión a la agonía), podríamos decir que, las izquierdas pasaron de la ilusión, con la candidatura de Verónika Mendoza, a la agonía, con el Gobierno de Castillo con el que se quedaron más allá del pasaje Sarratea y los $20 mil dólares en Palacio.
Cuando se destapó el escándalo de corrupción de Susana Villarán, nada menos que con Odebrecht, hubo sorpresa, pero pasada la sorpresa hubo mucho silencio en las izquierdas, felizmente no salieron en su defensa, como lo hacen los defensores de Alan García que, hasta culpan del suicidio a los fiscales que lo investigaban por corrupto, o, los defensores del delincuente confeso de Fujimori, que nos quisieron vender la idea de que el malo era Montesinos, el padrino de Keiko.
La falta de firmeza le pasó la factura al Movimiento Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, cuya bancada se dividió cuando buscaba una posible alianza con Vladimir Cerrón y Gregorio Santos, el primero un conservador y dogmático de izquierda populista, y el segundo, estaba a punto de ser condenado en segunda instancia por corrupto, hoy está en la cárcel.
Luis Pásara, señala en su libro que, a las izquierdas les tomó tiempo condenar a Sendero Luminoso, a pesar que ya Sendero les había aniquilado a decenas de sus dirigentes políticos, sindicales y populares y no le falta razón. Hoy a estas izquierdas les sigue tomando tiempo condenar el régimen corrupto de Castillo que, a pesar de haberlos expectorado, todavía creen que el hombre del sombrero puede rectificarse y le piden que cierre el Congreso.
Algo similar ocurre con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de tortura contra siete mujeres y un hombre en un anexo del distrito de Chillia, provincia de Pataz, La Libertad, en donde un grupo de ronderos las acusó de brujería y les aplicó salvajes torturas que quedaron registradas en un video.
No se ha visto la condena explícita de los organismos de DDHH ni de las organizaciones feministas o políticas contra estos ronderos que violaron los derechos más elementales de esas personas. El ministerio de la Mujer protestó de inmediato por una parodia a la primera dama, pero nada sobre la tortura.
Una cosa es defender el derecho otorgado a las rondas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial que la constitución y el acuerdo plenario del Poder Judicial les reconocen, allí donde no llega el Estado, y otra es, suponer que ese derecho les otorga carta libre para los excesos, la coacción o la tortura, hechos que están sirviendo para que ciertos sectores demonicen a las rondas en su conjunto.
La famosa declaración de Alfonso Barrantes de que, “en el Perú un gobierno honesto ya sería una revolución”, pegó en varias generaciones de izquierdistas que hicieron de la lucha contra la corrupción una marca, al igual que la lucha por los DD.HH., hoy algunas izquierdas están pasando la lucha contra la corrupción y la defensa de los DD.HH. al baúl de los recuerdos.