El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley para tipificar como delito la difusión de toda información reservada de las investigaciones fiscales. Sin embargo, según los expertos Roberto Pereira, Yván Montoya e Iván Meini, la propuesta afectaría directamente a la prensa y los periodistas podrían enfrentar procesos penales, quienes, incluso, podrían ir a la cárcel.
El documento ingresó en la noche del miércoles 6 de julio. Tanto el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres tuvieron encarpetado el proyecto casi dos semanas (12 días), luego de la aprobación en el Consejo de Ministros, el 24 de junio.
¿De qué trata el proyecto?
La propuesta legislativa propone la incorporación del artículo 409-C en el Código Penal, con el objeto de tipificar el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Según el proyecto, serían sancionados con pena privativa de libertad por uno o dos años los imputados, abogados o cualquiera de las partes de una investigación, si entregan o difunden información reservada.
La pena podría ser mayor (de dos a tres años) si la información ha sido entregada o difundida por un juez, un fiscal, un asistente administrativo o el personal de la Policía Nacional.
Y la sanción podría ser hasta de cuatro años de cárcel, cuando la información ha sido difundida a través de los medios.
La versión del gobierno insiste en que la propuesta solo se dirige a las personas que forman parte de un proceso de investigación y quienes forman parte del sistema de administración de justicia. Es decir, según el Ejecutivo, la propuesta no alcanza a los periodistas, porque no son mencionados en el proyecto.
Sin embargo, según especialistas en derecho consultados por La República, no es cierto.
Derecho penal general
Roberto Pereira, asesor del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), explicó que el Código Penal, en la parte general, desarrolla las figuras de coautor e instigador para cualquier delito.
Por ello, “el periodista sí puede ser incorporado en un proceso penal como cómplice o instigador”, de los delitos que pretende regular el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la propuesta, según Pereira, puede generar una situación de autocensura en los medios, lo cual es perjudicial para la libertad de información.
Yván Montoya, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó lo siguiente: si bien un juez no dicta pena efectiva cuando las penas son de uno o tres años, sí podría haber cárcel para el tercer supuesto, el de la difusión en medios, y eso compromete a los periodistas.
Por tanto, un periodista puede ser procesado por el presunto delito de instigación, por el solo hecho de solicitar información reservada a sus fuentes.
Iván Meini Méndez, también docente de la PUCP, precisa que el proyecto es presentado en un contexto en el que el presidente Castillo y su entorno son investigados por presuntos actos de corrupción.
“Esta propuesta puede generar censura y la ciudadanía no estaría informada sobre los casos más importantes de corrupción, incluyendo los que vinculan al presidente”, alertó.
ANP condena PL
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó este proyecto del Gobierno afirmando que “afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país”.
“Desde la ANP, advertimos que este postulado vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar. Llevar ante los operadores de justicia a periodistas que revelen información de investigaciones penales contraviene la reserva de fuentes y el fallo del Tribunal Constitucional que garantiza, en todos sus extremos, el secreto profesional”, se pronuncia la ANP.
Por ello, la ANP refiere que este proyecto “contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, manifestaron que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión ni tendría impacto en el trabajo de periodistas”.
