La policía peruana y agentes de la fiscalía allanaron el palacio presidencial en Lima el martes en un intento fallido de arrestar a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por presunta corrupción y lavado de dinero.
La fiscalía acusa que Yenifer Paredes obtuvo beneficios de licitaciones fraudulentas de obras públicas, especialmente en el distrito de Anguía, donde se encuentra el pueblo de Pedro Castillo.
Simultáneamente se realizaban allanamientos judiciales en varios otros lugares de la capital, con José Nenil Medina, alcalde de la provincia natal de Chota de Castillo, y los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino detenidos por presunta participación en la misma red de corrupción.
La tesis de la Fiscalía es que las cuatro personas iniciaron vinculaciones de amistad desde 2019, cuando Nenil Medina asumió como alcalde del distrito de Anguía. Durante la gestión de Medina, Yenifer Paredes y Hugo Espino se conocieron en la administración municipal porque trabajaron para la misma dependencia, la primera como funcionaria y el segundo como consultor.
La estructura de la organización criminal según el equipo especial de la Fiscalía queda así: Pedro Castillo como líder, su esposa Lilia Paredes como coordinadora, y los Espino y hermanos de Yenifer Paredes como testaferros. @Politica_LR pic.twitter.com/MBoQvCgWtt
— Alonso Collantes (@acollantes_r) August 10, 2022
El tribunal autorizó las detenciones preliminares de los involucrados durante 10 días.
Paredes ya había sido citado a declarar ante el ministerio público y a comparecer ante una comisión del Congreso peruano a mediados de julio.
El ministerio público tiene cinco investigaciones abiertas contra el presidente Castillo, quien enfrenta acusaciones de corrupción.
En un mensaje transmitido por televisión el martes por la noche, Castillo calificó la operación como «una redada ilegal» que fue parte de una conspiración para destituirlo de su cargo.
«Hoy, el Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial han sido violados una vez más con un allanamiento ilegal avalado por un juez, casualmente cuando se está solicitando mi inhabilitación por cinco años para quitarle al pueblo peruano su legítimo gobierno», dijo Castillo.
Más temprano el martes, un informe parlamentario recomendó descalificar y procesar penalmente a Castillo por su supuesta consideración de una propuesta para permitir el acceso de Bolivia sin litoral al mar a través de Perú, una acusación que él niega.