El lawfare, instrumentalización de la justicia para fines políticos, se ha convertido en un instrumento encargado de los golpes blandos en América Latina. Es un atajo maquiavélico que viene acompañado de guerra mediática y votos en los congresos.
En la judicialización de la política los poderes económicos, mediáticos, congresales y judiciales son decisivos, este juego transciende personas y países, son la extensión de la guerra sucia en que se han convertido las campañas electorales en la que los perdedores continúan la guerra por otras vías.
En el Perú esta práctica de vacancias y destituciones se hizo presente luego de la derrota electoral de la mafia fujimorista el 2016. Fuerza Popular usó su mayoría en el Congreso para hacerse del poder tratando de destituir a PPK (que finalmente renunció), previamente Fuerza Popular concertó con el vicepresidente Vizcarra que los traicionó y buscaron también destituirlo.
En nuestro país el mercantilismo ha producido lobbies que representan intereses de diverso calibre, por un lado, están los lobbies tradicionales del club de la construcción, de la minera, de la banca, AFPs y otros oligopolios, y por otro, los lobbies “emergentes” que representan a las universidades chicha, a las mafias del transporte informal, de la minería ilegal, de tala de árboles, etc.
Los partidos políticos han sido desplazados por vientres de alquiler que se convierten en clubes electorales y funcionan como gestores de intereses, las campañas electorales presidenciales, congresales, regionales son financiadas por estos lobbies tradicionales y “emergentes” que buscan capturar los recursos del Estado y dictar leyes con nombre propio.
En medio de esta crisis apareció un Outsider al que tildaron de comunista y chavista para impedir que gane las elecciones, que no estaba en el radar de los lobbies que desde hace 30 años ejercen poder. Era un intruso que venía de abajo y que la gente inventó, creyendo como hace 30 años, que era un redentor, pero debajo del sombrero ocultaba al embustero que con cargos públicos ilusionó a algunas izquierdas.
La extrema derecha buscó desconocer las elecciones gritando fraude y luego se atrincheró en el Congreso para impulsar la vacancia desde el primer día. Castillo por su parte, se rodeó de prontuariados como Zamir Villaverde que junto a sus paisanos, familiares y arribistas de todo tipo armó una banda de pájaros fruteros.
Hoy casi nadie duda que Castillo y su entorno están envueltos en corrupción, nadie duda que al verse descubierto trato de proteger a sus potenciales delatores, nadie duda de su incapacidad para gobernar, nadie duda que Castillo quiere quedarse a cualquier precio y nadie duda que su gobierno es un barco a la deriva.
Pedro tampoco nadie duda que su contraparte, el Congreso, más desprestigiado que el propio Castillo, es una olla de grillos, una olla de aventureros y cazafortunas con prontuario, una olla de gestores de intereses oscuros y defensores de la impunidad, nadie duda que este Congreso solo quiere ocupar el lugar de Castillo.
Pedro Castillo, presidente de la Republica, está investigado por crimen organizado y corrupción. El Congreso de la República tiene tres partidos investigados por crimen organizado y lavado de activos, Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre; 36 tránsfugas, un violador y un sentenciado a la cárcel. No hay duda que la crisis que vivimos además de sistémica es una crisis de corrupción en el Gobierno Central, en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en los gobiernos regionales y locales.
Frente a tamaño desmadre no hay solución fácil, no hay una receta mágica, no hay un camino sembrado de rosas, en este momento estamos viviendo una etapa de escepticismo, de desconfianza, de cansancio, de adormecimiento, de sálvense quien pueda y corremos el riesgo de convertirnos en un país inviable.
El Congreso es la única institución a la que le compete cambiar las reglas de juego y convocar elecciones generales, pero no quiere hacerlo. El Congreso quiere que la Fiscalía vaya más allá de sus competencias para justificar una vacancia y que el Poder Judicial lo complemente, pero no quieren modificar el blindaje que la constitución otorga al presidente porque tienen miedo que les reviente en la cara.
El Congreso con el apoyo de cierta prensa quiere que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial resuelvan “creativamente” la forma de sacar a Castillo, otorgándoles más poder del que ya tienen a dos instituciones que también están preñadas de corrupción, que son incapaces de resolver la maraña de “cuellos blancos” y “hermanitos” que apenas han sido tocados y que están pasando inadvertidos.
En una especie de hora loca jurídica, muchos abogados penalistas y constitucionalistas hacen malabares e interpretaciones sui géneris tratando de justificar cualquier salida, desde una suspensión judicial a pedido de la Fiscalía hasta una detención en flagrancia para que se capture a Castillo y que el Congreso tome el Ejecutivo.
Son los mismos abogados que decían que si Keiko (organización criminal y lavado de activos) ganaba las elecciones sus juicios tendrían que interrumpirse porque no se podía procesar a un Jefe de Estado, que sus juicios tendrían que esperar 5 años a que termine el mandato (a pesar que los delitos se cometieron antes), todo amparado en la sagrada constitución que no quieren cambiar. Es decir, a Keiko no se la podía tocar por no tener sentencia judicial firme, pero a Castillo basta con la investigación fiscal.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene un jet a propulsión en la investigación a Castillo y su entorno, la celeridad es impresionante, también lo es para para cambiar fiscales como Pablo Sánchez y Fany Quispe coordinadores del caso “Cuellos Blancos” y de muchos casos emblemáticos. El caso más escandaloso es el cambio de la fiscal, Bersaveth Revilla, que investigaba a su hermana, Enma Benavides, por cohecho y asociación ilícita para delinquir por el presunto cobro de coimas a ranqueados narcotraficantes.
La flamante Fiscal de la Nación, que había prometido ante la Junta Nacional de Justicia no interferir en el caso de su hermana ha aprovechado el escándalo mediático y el apoyo de la prensa para plasmar sus movidas, que en otras circunstancias la hubieran crucificado y el Congreso ya la estaría destituyendo.
La Fiscalía y el Poder Judicial tienen arrimados los casos más emblemáticos de corrupción de sus propias instituciones (el expresidente Toledo se escapó por un soplo de la fiscalía), dictan prisiones preventivas a diestra y siniestra y luego no presentan acusaciones, y si llegan a juicio oral en el Poder Judicial pasa por la máquina del tiempo. Acaban de sentenciar a cárcel al tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, pero se demoraron una década.
El que se vayan todos, el Gobierno y el Congreso, es una salida que busca una salida, no se puede seguir como estamos esperando que llueva maná del cielo con reformas y soluciones mágicas, recurrir a nuevas elecciones generales pone en el partidor a fuerzas democráticas que quieren un país distinto al actual Congreso y actual Gobierno, hay quienes se oponen porque están esperando un certificado notarial que les garantice que lo que viene será mejor, no, lo que viene hay que pelearlo, las fuerzas democráticas y progresistas tendrán que abrirse camino, desplazar y derrotar a los vientres de alquiler que hoy controlan el Gobierno y el Congreso.