Comenté con colegas que analizan inteligentemente el acontecer político y realizan incidencia sobre el mismo lo insatisfactorio que fue el mensaje presidencial del 28 de julio. Un mensaje carente de autocrítica y de reconocimiento de los graves errores y deficiencias que caracterizaron el primer año de gobierno y que van más allá de las designaciones de altos funcionarios.
El presidente Pedro Castillo omitió, además, las necesarias explicaciones sobre los presuntos hechos de corrupción por los cuales el propio mandatario y su entorno más cercano son actualmente investigados a nivel fiscal.
Del mensaje presidencial, encontramos como destacable el anuncio de un proyecto para la creación del sistema nacional de cuidados, así como la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, ambos diseñados por funcionarias y funcionarios -que desde antes y durante la actual gestión- despliegan esfuerzos por mantener la dignidad del servicio público, muchas veces contra la corriente de un mar caracterizado por ineficiencia y tendencias contrarreformistas.
Sí, el mensaje a la Nación del presidente Castillo nos dejó insatisfechos. Pero tampoco tenemos aún claridad sobre los ejes que la nueva mesa directiva del Congreso de la República buscará imprimir al parlamento, tanto en sus funciones de legislación, fiscalización y representación, así como en sus relaciones con los otros poderes del Estado; en especial, en la bastante tensa relación entre Congreso y Gobierno.
Tal parece, pues, que la inestabilidad política tendería a prolongarse con los nocivos efectos que ello provoca a la democracia, el desarrollo y el bienestar de las personas. Peruanos y peruanas necesitamos encontrar una salida.
Al respecto, durante las últimas semanas se ha dado a conocer iniciativas de organizaciones de sociedad civil –La Propuesta y Coalición Ciudadana, entre otras- que proponen el adelanto de las elecciones generales, además de reformas políticas. Por su parte, asociaciones empresariales –Empresarios Unidos por el Perú y Consejo Privado Anticorrupción, por ejemplo- se han manifestado públicamente exigiendo la renuncia del presidente Castillo, pero sin alusión a nuevas elecciones parlamentarias.
No sería la primera vez que se produzca un adelanto de elecciones generales, se hizo tras la renuncia de Alberto Fujimori el año 2000. Pero ello requiere de una reforma constitucional que no estoy seguro de que el actual Congreso esté dispuesto a realizar. Salvo algunas excepciones, la mayoría de congresistas parecieran compartir la exigencia de renuncia o vacancia presidencial, pero quedándose ellos y ellas en sus curules como si no compartieran la responsabilidad en la grave crisis política que atravesamos o como si no fuesen conscientes de la alta desaprobación que la población expresa también hacia el poder legislativo.
La demanda por adelanto de elecciones generales debiera ser puesta a debate en el marco de la Constitución y la ley. A la vez, siendo deseable, creo que supeditar dicha salida a la aprobación de reformas políticas y electorales serias y sensatas es como “ponerse cabe”, pues –insisto- este Congreso no se encontraría en disposición ni en condiciones de realizar tales reformas. Opino más bien que –de ser aprobado- el adelanto de elecciones generales tendría que producirse con el cumplimiento estricto de las actuales normas electorales, lo que incluye la realización de elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la prohibición de la candidatura de personas sentenciadas en primera instancia por cualquier delito doloso, tal como señala ya la Constitución.
Una iniciativa de ley de algún grupo parlamentario en esta dirección sería más rápida que la recolección de firmas ciudadanas y –de darse el caso- la nueva presidencia del Congreso tendría oportunidad para mostrar un cambio efectivo en la responsabilidad de dar salida a la crisis política
De acuerdo con el diagnóstico y con el punto de partida de la propuesta, aunque habría que complementarla con nuevas normas de fiscalización del financiamiento de campañas durante las mismas (no luego de ellas como ahora) , así como de equiparación de espacios publicitarios, físicos y virtuales, para las candidaturas que queden en contienda.
De lo contrario, las mafias (poderes fácticos) simplemente cambiarán de operadores para el saqueo del Estado y «cambiar todos» sin que nada cambie.